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| Abrazo. Cristina saluda a su hijo Máximo en un reciente acto./AFP |
Las primeras pruebas del
caso Hotesur complican a la
Presidenta y a su hijo
Julio Blanck
Clarin.comEdición impresa07/12/14
Era bien entrada la noche
del jueves. Los seis integrantes de una mesa de jueces federales brindaron por
la decisión de seguir trabajando más allá de las presiones crecientes que
reciben desde el poder. A esa misma hora, a diez cuadras del discreto restorán
en el que se habían citado, con número justo el kirchnerismo aprobaba en el
Congreso la reforma del Código Procesal Penal, última versión de la avanzada
sobre los tribunales. Esa ley es el nudo fuerte de la red de protección
judicial que desde la Casa
Rosada tejen para cubrirse la retirada, durante y más allá de
2015.
Las cenas de camaradería
de los jueces federales se hicieron más frecuentes al compás del enfrentamiento
entre el Gobierno y el Poder Judicial. ¿Qué se busca en esos encuentros?
Intercambiar impresiones, divertirse con algunas anécdotas, sacarle el cuero a
los que no están, semblantear a los demás para ver cuál es su estado de ánimo
frente a la presión, intuir si hay vocación de respaldo mutuo o si suena la
música del sálvese quien pueda. Nada del otro mundo. Salvo que los que se
sientan a la mesa son señoras y señores que tienen en sus manos hasta la
libertad ambulatoria de personajes destacados del poder.
Comentario ineludible de
la noche fue la situación de Claudio Bonadio, el juez que investiga los
negocios hoteleros de los Kirchner. Esta semana la mayoría oficialista en el
Consejo de la
Magistratura lo sancionó con la quita del 30% de su sueldo.
Fue por una denuncia apurada del secretario de Justicia y dirigente de La Cámpora, Julián Alvarez.
Es el primer paso para tratar de llevarlo a juicio político. Bonadio, dicen sus
colegas, pareció no inmutarse.
Su foco está puesto en
cómo seguir adelante con la causa de Hotesur, que empezó con una infracción
contable denunciada por la diputada Margarita Stolbizer y que enseguida derivó
a cuestiones bastante más gruesas.
La contratación y pago de
habitaciones jamás ocupadas en hoteles de la cadena presidencial, por parte del
empresario Lázaro Báez, podrían configurar una hipótesis de lavado de dinero.
Pequeño problema: ya hay una causa sobre lavado que investiga al próspero Báez,
gran contratista de obra pública desde que la chequera estatal la firmaba
Néstor Kirchner.
Esa causa está en manos
del juez Sebastián Casanello, que no pertenece a la cofradía tradicional de los
federales y a quien se ha señalado, quizás desmedidamente, como afecto a
congraciarse con el Gobierno. Los demás jueces federales, incluso, señalan la
exageración de esa acusación. Casanello no es Norberto Oyarbide, explican. Al ostentoso
juez del anillo de 250.000 dólares lo quieren muy poco sus colegas.
Lo cierto es que Casanello
se ha movido con lentitud, mientras pudo, aparentando no querer incomodar a la
inquilina de la Quinta
de Olivos. Pero al fin reclamó información sobre Báez a la Justicia de Estados
Unidos y a la de Suiza.
Bonadio, dicen sus amigos,
no quisiera ver el día de mañana cómo su expediente termina pasando al control
de Casanello. Ese cambio de juzgado ya fue reclamado por el siempre listo
senador Aníbal Fernández. Bonadio sabe que si sigue por ese camino se lo pueden
comer de un bocado. La mesa está servida.
El juez tiene bajo
análisis las declaraciones patrimoniales de Cristina, Néstor y sus hijos Máximo
y Florencia. También las de Báez y otros socios y personajes involucrados en
esas contrataciones hoteleras. Del cruce de esos y otros datos, habría surgido
el nombre de otro empresario con contrataciones fantasma en los hoteles de los
Kirchner. Se trataría del titular de una firma poderosa que consiguió tiempo
atrás destrabar proyectos de inversión y diversos negocios en el país. Allí
habría una nueva punta investigativa.
Dato que no escapa al
conocimiento de los jueces y que, se supone, tiene sobresaltado el ánimo de la Presidenta: la
operatoria hotelera tiene la firma de Máximo Kirchner, en quien sus padres
habían delegado buena parte de la administración de los negocios familiares.
Por ese lado puede haber noticias en el mediano plazo.
Entre plato y plato, los
jueces federales tuvieron tiempo el jueves de comentar la última novedad del
fuero: la citación a declaración indagatoria que ese día su colega Marcelo
Martínez de Giorgi le había descerrajado al ministro de Justicia, Julio Alak.
Es por supuestas irregularidades en su gestión como director de Aerolíneas
Argentinas en 2008. Se lo acusa de violación de los deberes de funcionario
público porque no habría denunciado el mal estado de la empresa antes de su
estatización.
Alak es el primer ministro
en funciones en ser citado a indagatoria. Se anota en la lista que supo
inaugurar Amado Boudou, primer vicepresidente en ser indagado, procesado en dos
causas -por los jueces Ariel Lijo y Bonadio- y enviado a juicio oral.
El ministro de Justicia
deberá concurrir a los tribunales de Comodoro Py el 17 de diciembre. A él, como
a tantos otros funcionarios, los están esperando.
Véase el detalle: el
Gobierno le tira el camión encima al Poder Judicial y de golpe se encuentra con
el ministro de Justicia citado a indagatoria, paso previo a un probable
procesamiento; y con la procuradora Alejandra Gils Carbó, jefa de los fiscales
y comandante del operativo kirchnerista para ponerle la suela en la cabeza a la Justicia, enfrentando varias
investigaciones judiciales. La más flamante está referida a supuestas
irregularidades para beneficiar a postulantes a dos fiscalías federales. Como
dice un empresario amigo de varios jueces: blanco y jarra, leche.
El juez Martínez de
Giorgi, que citó a Alak a indagatoria, es de carrera judicial y llegó al cargo
años atrás con ayuda de legisladores importantes del oficialismo. Tiene una
relación cordial pero algo distante con la cofradía de Comodoro Py. Más
distancia todavía con sus colegas tiene otro juez federal, Sergio Torres, quien
está a cargo de otra causa que, según los que entienden, puede complicar aún
más severamente al ministro de Justicia.
Se trata de los
sobreprecios que habría pagado Aerolíneas Argentinas por la compra a Brasil de
veinte aviones Embraer E-190. La operación se hizo en mayo de 2009, cuando Alak
era director de Aerolíneas. La ampliación de la flota costó 698 millones de
dólares, a razón de casi 35 millones de dólares cada aeronave. Un 80 por ciento
de esa suma provino de un crédito del Banco Nacional de Desarrollo brasileño.
La cifra se denunció como excesiva de acuerdo al valor de esos aviones en el
mercado. La sospecha es que se habrían pagado entre 5 y 6 millones de dólares
de más por cada avión. El sobreprecio total, así, habría superado los 100
millones de dólares. Es una moneda.
Por esa y otras ventas
Embraer debió abrir una investigación interna. También ofreció información y
colaboración a la SEC,
el organismo que controla la
Bolsa en Nueva York, y al Departamento de Justicia en los
Estados Unidos.
El capítulo judicial
argentino de este caso involucra, además de Alak, al ministro Julio De Vido y
al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime.
Los amigos de Alak dicen
que en su momento él advirtió sobre la exageración en la cifra a pagar. Pero
que alguien le dijo que pusiera la firma porque la operación “había que
hacerla”. Ese alguien, aseguran, fue Néstor Kirchner, quien lamentablemente no
está hoy para poder hablar de este asunto. El hecho fue que el 8 de julio de 2009,
cuarenta y ocho días después de firmado el contrato con Embraer, Alak fue
ascendido y juró como ministro de Justicia.
El expediente está
estancado hace un tiempo, pero quién sabe si podrá volver a ponerse en
movimiento con estos vientos de fronda que atraviesan el campo que divide al
Gobierno de la Justicia.
